Escolarización, alfabetismo y represión del magisterio (1936-1945)

MEMORIA HISTÓRICA EN LA BAJA SIERRA

Resumen

Escolarización, alfabetismo y represión del magisterio (1936-1945): Esta investigación analiza, desde un enfoque de memoria histórica, la dinámica sociopolítica y educativa en la región de la Baja Sierra (provincia de Cuenca) durante la guerra civil y la fase subsiguiente a la guerra. Se fundamenta en archivos excepcionales —documentos de comités locales republicanos, procesos judiciales de la época franquista y expedientes de depuración del magisterio—, se reconstruye la estructura de poder local durante la época republicana y su desintegración violenta tras el conflicto bélico.

 

El estudio realiza una doble contribución.

Primero:

Examina en detalle el funcionamiento de los comités de defensa (UGT y CNT) en pueblos como Casas de Garcimolina y Algarra, sus políticas de requisas y colectivización, y el posterior proceso judicial que, pese a la gravedad de las acusaciones (destrucción de iglesias, incautaciones ilegales, coacciones), concluyó en 1945 con el sobreseimiento de todos los encausados.

Segundo:

De manera pionera, sitúa este microcosmos represivo en el marco del atraso educativo estructural de la zona. Se establece una comparativa con la media nacional de escolarización y niveles de alfabetización —lo que coloquialmente se denominaba «las cuatro letras»—, argumentando que el bajo capital educativo de la población campesina constituyó un factor determinante tanto para su movilización política durante la República como para su vulnerabilidad ante la maquinaria jurídico-administrativa del Nuevo Estado. La represión no solo se centró en aspectos políticos, sino que también atacó una institución fundamental para el desarrollo y la emancipación: la escuela y sus docentes, tal como lo evidencian los casos de las hermanas Jiménez Millán o Eusebio Trillo Beltrán.

Introducción

La investigación sobre la represión franquista en la zona rural ha experimentado progresos significativos, aunque frecuentemente se ha enfocado en la violencia física o en los consejos de guerra. Menos atención ha recibido la intersección entre la política local, el atraso estructural y la destrucción sistemática del tejido educativo como mecanismo de control social. La Baja Sierra conquense, una comarca aislada y predominantemente agraria, ofrece un laboratorio ideal para este análisis. Los documentos aquí estudiados —un completo procedimiento sumarísimo (1939-1945) contra vecinos de Garcimolina y Algarra, junto con expedientes de depuración de maestros— permiten trazar un relato de continuidad y ruptura. La frágil estructura de poder popular durante la guerra y su desmantelamiento mediante un aparato judicial que, paradójicamente, optó finalmente por la absolución. Este artículo sostiene que para comprender plenamente este proceso es necesario contextualizarlo en la crónica debilidad educativa de la zona, un factor que condicionó las oportunidades y las respuestas de sus habitantes.

 

La Baja Sierra, un marco de atractivo educativo estructural

En los años 30, España sufrió problemas en el sector educativo, especialmente en el entorno rural. En 1930, el porcentaje de analfabetismo en hombres llegaba al 32 % y en mujeres llegaba al 44 %. Estas tasas mostraban un aumento significativo en áreas rurales del interior, como Cuenca, superando el 50 %. La posesión de «las cuatro letras» —la mera capacidad de leer y escribir— era un privilegio.

En la Baja Sierra, este panorama era aún más desolador. La escolarización era irregular, las escuelas unitarias estaban a cargo de un solo maestro para todas las edades, y la asistencia se veía frecuentemente interrumpida por las necesidades del ciclo agrícola. El magisterio, mal remunerado y a menudo con una formación limitada, era, no obstante, una figura de respeto y una potencial ventana a la modernidad. Este bajo nivel de alfabetización y formación tenía implicaciones profundas.

• Vulnerabilidad política: Facilitaba la propagación de consignas y la movilización, pero también dificultaba la burocracia compleja y la defensa jurídica ante tribunales.
• Dependencia de intermediarios: La capacidad de redactar un acta, leer una orden o entender un procedimiento legal concentraba un poder significativo en unas pocas personas letradas.
• El maestro como agente crítico: En este contexto, el maestro rural no era solo un instructor, sino un potencial catalizador de cambio social, lo que lo convertía en un objetivo prioritario para un régimen que buscaba el control ideológico absoluto.

 

El poder local en la Retaguardia Republicana: Comités, requisitos y colectivización

Los documentos del «Comité de Defensa» de Casas de Garcimolina (agosto-diciembre de 1936) revelan el rápido establecimiento de una estructura de poder paralela tras el golpe de Estado. Este comité, inicialmente espontáneo y luego formalizado bajo la égida de la UGT y la CNT, asumió funciones de gobierno, abastecimiento y orden público.

Sus acciones, minuciosamente registradas en actas, siguieron un patrón observable en muchas retaguardias republicanas.

1. Incautaciones ideológicas y logísticas: Requisa de bienes eclesiásticos y de un coche y una radio propiedad de Luis Novella (29 de agosto).
2. Intervención económica: Confiscación de trigo de propietarios absentistas (30 de agosto) e imposición de «préstamos forzosos» a terratenientes locales y forasteros para financiar la sementera (14 de septiembre). Las listas detalladas, que incluyen nombres como Rogelia Sánchez o Juan Alamán, muestran un intento de redistribución basado en una percepción de necesidad y justicia revolucionaria.
3. Colectivización agraria: Acuerdos para requisar ganado de forasteros (5 de octubre) y, más tarde, la formación de un «Consejo de Administración de la Colectividad CNT-UGT». Una orden de junio de 1937 firmada por Vicente Valero Cano prohibía la extracción de productos del término municipal sin permiso, centralizando el control económico.

Este microgobierno, ejercido por campesinos y jornaleros en su mayoría con una educación elemental, operaba en la tensión entre el ideal revolucionario, la necesidad práctica de supervivencia y el ejercicio de una autoridad a veces coercitiva, como atestiguan las posteriores denuncias por amenazas y encarcelamientos.

 

La maquinaria judicial franquista. Del sumarísimo al sobreseimiento (1939-1945)

Tras el fin de la guerra, el nuevo régimen inició una investigación exhaustiva. En abril de 1939, un juez militar tomó declaración a decenas de vecinos de Garcimolina y Algarra. Las acusaciones eran graves: destrucción de iglesias (la parroquial y la ermita de Santerón), sacrilegio, incautaciones ilegales, coacciones y detenciones arbitrarias.

El procedimiento, sin embargo, es revelador por su resultado. El informe de las nuevas autoridades locales (el alcalde, el jefe de Falange, el jefe de Milicias) emitido el 21 de abril de 1939 matizó notablemente las responsabilidades. Distinguieron entre unos pocos «principales responsables» —como Vicente Valero Cano, a quien atribuyeron «la dirección de la mayoría de los desmanes», pero consideraron «regenerable»— y una mayoría de «arrastrados» o personas de «buena conducta». Esta gradación, posiblemente influida por dinámicas locales de vecindad y por el hecho de que muchos encausados eran jornaleros pobres y no ideólogos, resultó crucial.

El caso se remitió a Madrid, donde en 1945 el Auditor General de la 1.ª Región Militar dictaminó que, examinadas las diligencias, «no resultan indicios de responsabilidad criminal» para ninguno de los 22 procesados. Se ordenó el sobreseimiento y archivo. Esta resolución, atípica en su magnitud, plantea interrogantes. ¿Fue una cuestión de saturación judicial? ¿Una valoración pragmática de que estos campesinos no representaban una amenaza? ¿La influencia de los informes locales matizados? La falta de condena penal no debe ocultar, no obstante, el terror y la disrupción que el propio proceso, dilatado durante seis años, infligió en la comunidad.

 

La represión específica, el magisterio como objetivo prioritario

Mientras los vecinos en general se absolvieron penalmente, el magisterio sufrió una represión administrativa y penal implacable, ilustrando la determinación del régimen por controlar las mentes. El bajo nivel educativo de la zona hacía de la escuela un territorio aún más estratégico.

 

Los casos documentados son emblemáticos:

• Las hermanas Jiménez Millán, naturales de Garcimolina, fueron represaliadas en Cataluña. Perpetua se absolvió en un consejo de guerra, pero separada definitivamente del magisterio en 1940 por «simpatizar con la CNT» y «conducta moral dudosa», mostrando el uso de la moralidad como arma de género. Lorenza se condenó a 6 años de prisión.
• Enrique Trillo López, maestro en Garcimolina, fue depurado y sancionado con traslado forzoso a Molina de Aragón, desarraigándolo de su comunidad.
• Eusebio Trillo Beltrán, también maestro y procesado en el sumarísimo colectivo, se sobreseyó penalmente. Su caso muestra la complejidad de estas figuras: acusado de propaganda izquierdista y participación en la quema de santos, el informe local también destacó que defendió a vecinos de atropellos.

Otros, como Cecilio Palomares, optaron por el exilio. La depuración no fue solo una purga, fue la destrucción deliberada de un frágil puente hacia la modernidad educativa en una comarca que lo necesitaba desesperadamente.

 

Análisis comparativo, atraso educativo y vulnerabilidad expresiva

La combinación de estos dos hilos narrativos —el sobreseimiento de los campesinos y la severa represión de los maestros— adquiere su pleno significado al contrastarla con los datos de alfabetización.

1. Los procesados campesinos: La mayoría declaró saber «leer y escribir», poseyendo, pues, las «cuatro letras» básicas. Este nivel, aunque superior al analfabetismo total, les permitió gestionar las actas de los comités, pero probablemente no para enfrentarse a complejos procedimientos legales. Su defensa se basó en argumentos simples (obediencia, coacción, necesidad) y en el capital social del pueblo, reflejado en los informes locales. Su eventual absolución puede leerse, en parte, como la percepción por parte del régimen de que eran productos de su entorno —un entorno de miseria e ignorancia— antes que ideólogos peligrosos.
2. Los maestros represaliados: Ellos representaban, justamente lo contrario, la posibilidad de superar ese atraso. Poseían un capital cultural superior, eran agentes de socialización política y moral, y, por tanto, constituían un objetivo de primer orden. Su represión, tanto penal como administrativa, buscaba eliminar cualquier semilla del pensamiento republicano y asegurar que la escuela se convirtiera en un instrumento de adoctrinamiento nacionalcatólico.

En esencia, el régimen aplicó una lógica diferencial, indulgencia relativa (tras un proceso terrorífico), hacia la masa campesina iletrada o semi-iletrada, considerada maleable; y severidad extrema hacia la minoría ilustrada, capaz de moldearla.

 

Conclusión

La historia de la Baja Sierra entre 1936 y 1945 no es solo la de una guerra y una represión. Es la historia de cómo el atraso educativo secular condicionó las formas de organización política popular y, posteriormente, la naturaleza de la respuesta represiva. Los comités republicanos, surgidos de una comunidad con escasos recursos culturales, implementaron un control económico rudimentario y a veces brutal. La justicia franquista, tras un examen minucioso, optó por no condenar penalmente a estos campesinos, en un fallo que dista de ser un acto de justicia, pero que refleja una cierta percepción sobre su escasa peligrosidad ideológica.

El contraste con la suerte del magisterio no puede ser más elocuente. Contra los maestros, el régimen desplegó todo el arsenal. Consejos de guerra, depuraciones administrativas, inhabilitaciones, destierros y exilio. Se comprendía perfectamente que el control del futuro pasaba por el control de la escuela. Así, la comarca no solo perdió, por muerte, prisión o exilio, a muchos de sus vecinos. Perdió, sobre todo, a los pocos agentes que podían sacarla de la postración de las «cuatro letras» hacia una educación plena. La memoria histórica de la Baja Sierra debe incorporar esta doble dimensión, la de la represión política y la de la aniquilación deliberada de su ya débil potencial educativo, un daño cuyas consecuencias se prolongarían durante décadas.

 

Fuentes Documentales (Base del Estudio):

1. «Listado de personas implicadas en Garcimolina y alrededores (1936-1939)».
2. Procedimiento Sumarísimo de Urgencia núm. 32860, 1939-1945).
3. La represión del docente en la Baja Sierra. «Cuenca y su entorno (1939-1945)».
4. «Recopilación de maestros censados». «Depuración franquista de maestros rurales».
5. «Cronología de una guerra». Hechos ocurridos en casas de Garcimolina, Algarra y pueblos limítrofes.

 

Bibliografía de Contexto:

• Estadísticas históricas de educación en España (INE, MEC).
• Cenarro, Á. (2008). Los niños del auxilio social. Espasa.
• Morente Valero, F. (2001). «La depuración franquista del magisterio público». Un estado de la cuestión. Hispania, 61(208).
• Ramos Zamora, S. (2009). *La represión del magisterio. Castilla-La Mancha, 1936-1945*. Almud.