Mujeres de piedra y silencio: El papel de las mujeres en la cohesión familiar y comunitaria durante la represión franquista en la Serranía Baja de Cuenca (1939-1945).
Resumen:
El presente artículo analiza el papel desempeñado por las mujeres de las localidades de Casas de Garcimolina y Algarra (Cuenca) durante la posguerra española, en el contexto de la represión franquista desatada tras la guerra civil. A partir del análisis del Procedimiento Sumarísimo de Urgencia núm. 32860. En los informes municipales de 1939 y otras fuentes documentales, se reconstruye la experiencia silenciada de aquellas mujeres que, mientras sus maridos, padres e hijos encarcelados, procesados o que se veían forzados a la clandestinidad asumieron la supervivencia material y moral de sus familias en una comunidad marcada por el hambre, la delación y la estigmatización social.
Se examina cómo operó la represión de género a través de mecanismos informales —las colas de las prisiones, el señalamiento público, la presión eclesiástica— y cómo, a pesar de todo, estas mujeres tejieron redes de solidaridad que permitieron la continuidad de la vida comunitaria. El estudio pretende visibilizar una dimensión olvidada de la represión: la que sufrieron quienes, sin haber empuñado un arma ni firmado un acta, cargaron con el peso más pesado de la derrota.
Palabras clave: Memoria histórica, mujeres y represión franquista, posguerra española, Serranía de Cuenca, redes de solidaridad, violencia de género.
Introducción: la represión invisible
Cuando los archivos militares hablan de la represión franquista, lo hacen con nombres masculinos. Los sumarios registran a Vicente Valero Cano, presidente del Comité de Defensa de Garcimolina; a Anastasio Sánchez Martínez, miembro de la colectividad; a Eusebio Trillo Beltrán, concejal del ayuntamiento republicano. Son ellos quienes aparecen en las listas de procesados, quienes declaran ante el juez instructor, quienes se conducen a los campos de concentración de Santa Eulalia y Utiel, quienes ingresan en la Prisión Provincial de Cuenca o en el penal de Uclés.
Sin embargo, tras cada uno de esos nombres hay una historia silenciada: la de las mujeres que quedaron en la retaguardia doméstica. Esposas, madres, hermanas que, de la noche a la mañana, se convirtieron en cabezas de familia, en proveedoras únicas, en depositarias de un honor familiar súbitamente manchado. Ellas no figuran en los expedientes judiciales —salvo como testigos o, excepcionalmente, como denunciantes o denunciadas—, pero su experiencia constituye una dimensión fundamental, aunque frecuentemente omitida, de lo que significó la derrota republicana en la España rural.
Este artículo se propone rescatar del olvido a esas mujeres de piedra y silencio que, en los pueblos de la Serranía Baja de Cuenca, sostuvieron el frágil entramado de la vida cotidiana mientras el vendaval de la represión arrasaba a sus hombres. A partir de la documentación disponible —actas municipales, expedientes judiciales, informes de las nuevas autoridades— y del cruce con la tradición oral preservada, intentaremos reconstruir su experiencia, sus estrategias de supervivencia y el precio que pagaron por su condición de «mujeres de rojos».
El escenario: una comunidad de subsistencia
Para comprender la magnitud de lo que supuso la represión para las mujeres de Garcimolina y Algarra, es necesario situarse en las condiciones materiales de vida de la comarca. La Serranía Baja de Cuenca era, antes de la guerra, un territorio de economía de subsistencia basada en una única cosecha anual. La tierra, caliza y dura, apenas daba para alimentar a las familias durante el año. El trueque era moneda corriente en la tienda de Gerardo Gálvez; la solidaridad vecinal, un mecanismo de supervivencia.
Las mujeres conocían bien el valor de esa economía de la escasez. Eran ellas quienes administraban los recursos domésticos, quienes estiraban la harina para que alcanzara hasta la siguiente cosecha, quienes cuidaban de los hijos y los mayores mientras los hombres trabajaban la tierra. Su trabajo, invisible, pero esencial, constituía el verdadero tejido conjuntivo de la comunidad.
La guerra trastocó este equilibrio. La movilización de los hombres —primero al frente, luego a las cárceles— dejó a las mujeres al frente de hogares que ya de por sí apenas podían mantenerse. En cambio, a las penurias materiales se añadió, a partir de 1939, una nueva y más terrible carga: la condición de familiares de vencidos.
La represión sexuada: mecanismos informales de castigo
La historiografía ha documentado ampliamente los mecanismos de represión institucional del franquismo: consejos de guerra, penas de prisión, ejecuciones, depuraciones profesionales. No obstante, junto a esta represión formal, visible en los expedientes, operó una represión informal, difusa pero igualmente efectiva, que tuvo en las mujeres a sus principales víctimas.
El señalamiento social y la estigmatización
El primer castigo que sufrieron las mujeres de los represaliados fue la estigmatización. En pueblos pequeños como Garcimolina o Algarra, donde todo el mundo se conoce, la condición de «mujer de rojo» se convertía en una marca indeleble. Los informes de las nuevas autoridades locales —Crescencio Montesinos como jefe de Milicias, Raimundo Montesinos como jefe de Falange, Luis Novella como secretario del ayuntamiento—, además de valorar la conducta de los procesados, creaban un clima de sospecha que se extendía a sus familias.
La lista de «Vecinos que no han dado para adquirir un San Juan (considerados Rojos)», fechada el 18 de junio de 1939, es un documento revelador. En ella figuran, junto a nombres de hombres —Florián Sánchez, Victoriano Argudo, Saturnino Montesinos—, el de Aurora Valero, esposa de Ángel Martínez Millán. No contribuir a la suscripción para la nueva imagen del patrón no era una mera cuestión económica; era un delito de opinión, una prueba de «desafección» que se extendía automáticamente a las mujeres de la familia.
Esta lista, que circulaba por el pueblo, funcionaba como un instrumento de control social. Las mujeres cuyos nombres aparecían en ella sabían que sus hijos se mirarían con recelo en la escuela, que en la tienda de Gerardo —ahora regentada por su hijo— les sería más difícil obtener fiado, que en la iglesia ocuparían los últimos bancos, si es que se atrevían a entrar.
La Iglesia como instrumento de presión
La reconstrucción simbólica del orden franquista tuvo en la restauración del culto católico uno de sus pilares fundamentales. La llegada de la nueva imagen de San Juan Bautista, encargada a Valencia y recibida con gran pompa el 23 de junio de 1939, se acompañó de una campaña de exaltación patriótico-religiosa. El acta municipal describe cómo, al ser desempaquetada la talla, se cantaron la Marcha Real y el Cara al Sol, vitoreándose «al glorioso Santo, España y al Caudillo FRANCO».
En este contexto, la Iglesia no fue un actor neutral. Desde el púlpito, el nuevo párroco —cuyo nombre no consta en los documentos, pero cuya presencia se infiere— predicaba la necesidad de la contribución económica para el culto y, de forma más o menos velada, señalaba a quienes no contribuían. «No seáis ingratos», exhortaba el acta municipal, convirtiendo la generosidad económica en prueba de adhesión al nuevo régimen y, por tanto, la pobreza o la negativa a contribuir en signo de desafección.
Las mujeres, encargadas tradicionalmente de las relaciones con la Iglesia —bautizos, bodas, funerales, asistencia a misa—, quedaban atrapadas en una contradicción insoportable. Asistir a los oficios religiosos podía interpretarse como un intento de lavar la culpa familiar; no hacerlo, como una confirmación de la desafección. En cualquier caso, su conducta era escrutada, juzgada y utilizada para evaluar la «reeducación» de sus maridos ausentes.
Las colas de la prisión: humillación y resistencia
El lugar donde la represión contra las mujeres se hizo más tangible fue, sin duda, en los accesos a las prisiones. La Prisión Provincial de Cuenca, ubicada en la calle San Gregorio, y el penal de Uclés, en la antigua fortaleza monástica, se convirtieron en destino de peregrinación para las mujeres de los pueblos de la comarca.
Las condiciones de las visitas eran deliberadamente humillantes. Las mujeres debían madrugar para formar en largas colas que podían prolongarse durante horas, a la intemperie, bajo el sol o la lluvia. Cuando finalmente llegaba su turno, se sometían a registros vejatorios, a preguntas impertinentes sobre su conducta moral, a la sospecha constante de que pudieran estar introduciendo mensajes clandestinos.
El testimonio transmitido sobre Aurora Valero Cano, esposa de Ángel Martínez Millán, es particularmente revelador. En una de sus visitas a la prisión, Aurora llevaba comida para su marido —pan, algo de embutido, lo poco que podía reunir una familia de labradores en aquellos años de escasez—. Al llegar al control, los funcionarios, sin mediar palabra, le arrebataron el hatillo y lo arrojaron al suelo, pisoteándolo después, impidiendo que pudiera recuperarlo.
El gesto no era meramente arbitrario:
Era profundamente simbólico. No solo se impedía la entrega del alimento, sino que se humillaba públicamente a la mujer, se la reducía a la impotencia, se le recordaba su condición de derrotada. Al tirar la comida al suelo, los carceleros enviaban un mensaje claro: ni siquiera lo más básico —el sustento, la solidaridad familiar— era ya un derecho. Todo podía ser arrebatado, todo podía ser pisoteado.
Esta experiencia no era excepcional. Las mujeres que hacían cola ante las prisiones compartían un sufrimiento común: la incertidumbre sobre la suerte de sus familiares, el agotamiento físico de los viajes —a menudo a pie o en carros de mala muerte—, la angustia de dejar a los hijos solos durante días, la humillación sistemática. Por el contrario, compartían también una forma de resistencia: la negativa a abandonar, la terquedad de seguir acudiendo, el gesto de llevar, aunque solo fuera una palabra de esperanza.
Rostros de mujer: la represión con nombre propio
La documentación conservada permite identificar a algunas de estas mujeres, rescatándolas del anonimato al que la historia oficial las condenó.
Aurora Valero Cano: la espera infinita
Aurora Valero Cano era hermana de Vicente Valero, el principal encausado del procedimiento sumarísimo, y esposa de Ángel Martínez Millán, el labrador dado por desaparecido en el frente de Batea que logró regresar clandestinamente a Garcimolina. Sobre ella recayó una doble condena: la de su hermano, huido y buscado, y la de su marido, encarcelado tras su reaparición.
La vida de Aurora durante aquellos años fue una sucesión interminable de esperas: esperar noticias de su hermano, del que nada se sabía desde 1939; esperar el momento de visitar a su marido en la cárcel; esperar, sobre todo, que la justicia —o la arbitrariedad— decidiera el destino de su familia.
Mientras esperaba, Aurora trabajaba. Atendía las tierras que habían sido de su marido, criaba a su hija Ángeles, se enfrentaba a la hostilidad de un pueblo donde ser hermana de Vicente Valero era una losa. Su nombre aparece en la lista de los que no contribuyeron a la compra del nuevo San Juan — «considerados Rojos»—, lo que significaba la exclusión simbólica de la comunidad que se reconstruía.
El episodio de la comida arrojada al suelo se ha transmitido en la memoria familiar como el símbolo de una humillación que no podía ser reparada. En cambio, también como la prueba de una resistencia callada: Aurora siguió yendo a la cárcel mientras pudo, siguió llevando lo poco que tenía, siguió sosteniendo a su hija y a su familia hasta que, en 1943, Ángel fue finalmente sobreseído y pudo regresar a casa.
Maximina Sánchez Garrido: la denunciante encarcelada
El caso de Maximina Sánchez Garrido, vecina de Algarra, ilustra otra dimensión de la experiencia femenina: la de la mujer que se atrevió a denunciar los abusos y fue castigada por ello.
En abril de 1937, Maximina sorprendió a Vicente Valero labrando una finca de su hermana Rogelia, ausente del pueblo, y a Anastasio Sánchez y Ángel Martínez sembrando patatas en una propiedad de su hijo. Al preguntarles con qué permiso actuaban, recibió la respuesta de que «no necesitaban permiso de nadie» y que obraban «por orden de la Reforma Agraria». Maximina los denunció.
La respuesta de Vicente Valero fue rápida y eficaz: denunció a Maximina por injurias. El juicio, celebrado en Cuenca, se convirtió en una acusación contra ella por «desafecta al régimen». Se condenó a tres mil pesetas de multa y un año y un día de cárcel. Cumplió cuatro meses, desde el 8 de junio al 29 de septiembre.
La declaración de Maximina ante el juez instructor, el 22 de abril de 1939, es un testimonio desgarrador de cómo el sistema judicial franquista podía invertir los papeles, convirtiendo a la víctima en culpable. No obstante, es también un testimonio de dignidad: Maximina no se calló, llevó testigos —Simón Huertas López y Gerardo Sánchez Martínez—, declaró la verdad y pagó el precio.
Los testigos que declararon a su favor también sufrieron represalias. Simón Huertas y Pedro López recibieron una comunicación del Consejo de Administración de la Colectividad CNT-UGT, fechada el 1 de junio de 1937 y firmada por Vicente Valero, prohibiéndoles extraer productos de sus fincas en el término de Garcimolina por considerarlos «desafectos al régimen» y «testigos falsos». Sus cosechas fueron recogidas por la colectividad. La solidaridad tenía un precio.
Isabel y Berta Zafrilla: el despojo
Isabel Zafrilla y Berta Zafrilla Izquierdo, vecinas de Algarra, representan la experiencia de las mujeres propietarias desposeídas. Al iniciarse la guerra, temiendo por su seguridad, abandonaron su casa dejando sus bienes al cuidado de una tía, Maximina Sánchez. Poco después, miembros de la UGT ocuparon parte de la vivienda para instalar sus oficinas, y con el tiempo fueron ocupando todas las dependencias.
Cuando, en abril de 1937, intentaron recuperar su casa, se encontraron con la oposición de Alejo Hernández, Antonio Adalid y Leonardo Marín, quienes les negaron el derecho a ocuparla con la amenaza: «Caso de triunfar, ellos verían el derecho que tenían». No fue hasta enero de 1939, tras el Decreto de la Junta de Defensa Nacional presidida por Casado, que pudieron recuperar su vivienda, comprobando entonces la falta de todo su menaje, ropas, enseres de cocina y cuatro camas completas.
Además, se les requisó el trigo que tenían almacenado y unos términos de pinos en el monte de Santerón por el comité de Garcimolina presidido por Vicente Valero. Su declaración ante el juez instructor, el 22 de abril de 1939, es un inventario del despojo y un testimonio de la indefensión en la que quedaban las mujeres solas ante la maquinaria revolucionaria primero, y represiva después.
Las hermanas Jiménez Millán: maestras condenadas
Lorenza y Perpetua Jiménez Millán, nacidas en Garcimolina, sufrieron una represión específicamente dirigida contra las mujeres que habían accedido al espacio público a través de la educación. Maestras ambas, ejercientes en Cataluña, fueron procesadas por el Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona.
Lorenza se condenó a seis años y un día de prisión por «adhesión a la rebelión». Perpetua, aunque absuelta militarmente en 1939, se separó definitivamente del magisterio en 1940 por un expediente de depuración que hablaba de su «conducta moral dudosa» y sus «simpatías con la CNT». La acusación moral, típicamente dirigida contra las mujeres, era el instrumento más eficaz para desacreditarlas profesional y socialmente.
El epistolario entre ambas, conservado fragmentariamente, revela cómo vivieron la prisión y la inhabilitación. Lorenza, desde la cárcel de mujeres de Barcelona, escribe: «Me asignaron al taller de costura». «Coso uniformes grises, esos que ahora ven por todas partes». «Mis manos, acostumbradas a sostener libros y corregir ejercicios, ahora marcan puntadas en tela basta.» Y Perpetua respondió: «Lo de la moral es lo que más duele, hermana». Tú sabes que no es cierto, pero también sabes que, en esta España nueva, para una mujer, la acusación moral es la más eficaz. «Mancha tu nombre para que nadie te defienda.»
Ninguna de las dos regresó a Garcimolina. Se quedaron en Barcelona, donde contribuyeron a fundar la Casa de Cuenca, un espacio de resistencia cultural y apoyo mutuo para los emigrantes conquenses. Su historia es la de tantas maestras republicanas que pagaron con cárcel y exilio su compromiso con la educación laica y emancipadora.
Redes de solidaridad femenina: la resistencia desde lo doméstico
Frente a la represión institucional y la estigmatización social, las mujeres de Garcimolina y Algarra tejieron redes informales de solidaridad que operaban en los intersticios del nuevo orden. Estas redes, invisibles para los archivos, fueron esenciales para la supervivencia de muchas familias.
Teresa Henao: el refugio silencioso
Teresa Henao Haba, maestra nacional de la escuela de niñas de Casas de Garcimolina desde 1935, constituye un caso excepcional. A diferencia de otros docentes, no se depuró. La resolución de la Comisión de Cultura y Enseñanza del 9 de mayo de 1941 fue inusual y terminante. «No haber lugar a la apertura de expediente de depuración… pudiendo, en consecuencia, continuar en el ejercicio de su cargo.»
Esta continuidad, frágil y preciosa, fue también su trinchera. Su casa se convirtió en un nodo esencial de la red de solidaridad que permitió la supervivencia de algunos marcados por los legajos. En su hogar, el silencio sobre quién, pasaba la noche, era un acto político íntimo, una desobediencia cotidiana tejida desde la misma legitimidad que le permitía seguir siendo la maestra.
La historia oficial no registra sus gestos. Sin embargo, en la memoria subterránea del pueblo, el nombre de Teresa se asocia a un olor a pan recién hecho en horas intempestivas, a la luz de una vela velada en una ventana, a la seguridad muda de un refugio para quienes, como Ángel Martínez Millán en su clandestinidad inicial, necesitaban un lugar donde esconderse.
Teresa representa el papel de aquellas mujeres que, sin afiliación política conocida, basaron su resistencia en la solidaridad comunitaria elemental, la que reconoce en el perseguido a un vecino, a un igual. Su acción permitió que historias como la de Ángel tuvieran un final distinto. Su nombre no figura en ningún sumario, pero en la aritmética perversa del régimen, su silencio fue una forma de victoria.
La economía del cuidado y el intercambio
Más allá de los casos individuales, las mujeres desarrollaron estrategias colectivas de supervivencia. El trueque, ya habitual antes de la guerra, se intensificó como mecanismo para sortear la exclusión económica. Las mujeres cuyos maridos estaban en la cárcel intercambiaban lo poco que tenían —huevos, verduras de sus huertos, algún conejo— por medicinas, ropa o simplemente para diversificar su alimentación.
El cuidado de los hijos de las presas y de los presos se convirtió en una tarea compartida. Cuando una mujer debía ausentarse para visitar la cárcel —viaje que podía llevar varios días—, sus vecinas se hacían cargo de sus hijos. Estas redes de cuidado funcionaban en silencio, sin registros ni agradecimientos públicos, pero eran el auténtico tejido conjuntivo de la comunidad herida.
La escuela de niñas, regentada por doña Visita desde 1941, fue también un espacio de sociabilidad femenina donde, entre puntadas y lecciones de costura, se transmitían noticias, se compartían angustias, se tejían solidaridades. Las niñas aprendían no solo a coser y a contar, sino también a callar cuando era necesario y a hablar cuando se podía. La transmisión de la memoria de lo ocurrido —de quién había hecho qué, de quién había sido denunciado, por quién— se realizaba en susurros, en gestos, en miradas, constituyendo un archivo oral que los documentos oficiales nunca registrarían.
La doble condena: pobreza y estigma
La situación económica de las familias de represaliados era, por lo general, mucho más precaria que la del resto de la población. La ausencia del principal sostén económico —encarcelado, huido o muerto—, unida a la dificultad de acceder a trabajos remunerados por el estigma, abocaba a muchas mujeres a una pobreza extrema.
El informe de las autoridades locales de Garcimolina de 1939, al valorar la conducta de los procesados, menciona a Rogelio Valero como «persona de poco espíritu y falto de voluntad, arrastrado por los demás». En cambio, no dice nada de su esposa, que probablemente quedó sola con los hijos mientras él estaba en la cárcel. No dice nada de cómo sobrevivían esas familias.
La única ayuda posible era la que podían prestarse entre ellas. Las redes de solidaridad femenina funcionaban también como redes de asistencia material: compartir un puñado de legumbres, prestar un trozo de pan, coser la ropa de los niños con retales. Eran gestos mínimos, casi imperceptibles, pero que marcaban la diferencia entre la supervivencia y la inanición.
A la pobreza material se añadía la pobreza simbólica: la exclusión de las celebraciones comunitarias, la imposibilidad de participar en las fiestas patronales, la mirada que se desvía cuando una de ellas entra en la tienda. La lista de los que no contribuyeron al San Juan funcionaba como una condena pública, un recordatorio constante de que ellas y sus familias estaban fuera de la comunidad.
El silencio como estrategia y como herida
La respuesta más común de estas mujeres ante la represión fue el silencio. Un silencio impuesto por el miedo, pero también adoptado como estrategia de supervivencia. Callar para no delatar, callar para no ser delatadas, callar para proteger a los hijos, callar para que la vida, simplemente, pudiera seguir.
No obstante, el silencio fue también una herida que se transmitió de generación en generación. Los hijos de aquellas mujeres crecieron sabiendo que había algo de lo que no se hablaba, un vacío en la historia familiar que no debía ser llenado. La memoria de lo ocurrido se transmitió en fragmentos, en medias palabras, en llantos reprimidos.
Modesto Sáiz (hijo), cuando preguntaba a su padre por lo ocurrido en la Tejería, recibía siempre la misma respuesta: «Pasó lo que pasa cuando el miedo manda». Y lo que se hace con miedo, mejor dejarlo donde está, en la tierra. «No lo desentierres, hijo. No trae más que pena.»
Las mujeres, que habían sido las principales depositarias de la memoria oral, se convirtieron también en sus principales guardianas. Por el contrario, fue una custodia hecha de silencios, de elipsis, de historias contadas solo a medias. El precio de la supervivencia fue, para muchos, la renuncia a nombrar lo vivido.
Conclusiones: hacia una historia de las mujeres en la posguerra
El análisis de la represión franquista en Garcimolina y Algarra revela una dimensión frecuentemente olvidada: la específica violencia de género que sufrieron las mujeres de los vencidos. Una violencia que no siempre dejó huella en los expedientes judiciales —salvo en casos excepcionales como el de Maximina Sánchez—, pero que marcó indeleblemente sus vidas y las de sus familias.
Esta violencia adoptó formas diversas: la estigmatización social, la exclusión de las redes comunitarias, la presión económica, la humillación en las visitas a la cárcel, el señalamiento desde el púlpito, la sospecha moral permanentemente alimentada por los informes de las nuevas autoridades. Fue una represión capilar, difusa, que operaba en los intersticios de la vida cotidiana y que tuvo como objetivo no solo castigar, sino también aislar y desmoralizar.
Frente a ella, las mujeres desarrollaron estrategias de resistencia igualmente capilares, igualmente invisibles para los archivos: redes de solidaridad, economía del intercambio, cuidado colectivo de los hijos, transmisión soterrada de la memoria. Fue una resistencia que no buscaba la confrontación abierta —imposible en las condiciones de la posguerra— sino la simple, obstinada, tenaz supervivencia.
Recuperar la memoria de estas mujeres
No es solo un acto de justicia histórica. Es también una necesidad para comprender la naturaleza profunda de la represión franquista: una represión que no se contentó con encarcelar o fusilar a los hombres, sino que buscó destruir el tejido mismo de la comunidad, quebrar los lazos de solidaridad, imponer el silencio como única forma de vida. Que, en gran medida, lo consiguió.
También, encontró en la tozudez de unas mujeres —Aurora, Maximina, Teresa, Lorenza, Perpetua y tantas otras sin nombre en los documentos— un límite a su ambición totalitaria. Ellas no ganaron la guerra, ciertamente. Tampoco la perdieron del todo. Sostuvieron, con su trabajo, su silencio y su resistencia cotidiana, el frágil hilo de la vida en los años más oscuros. Su historia merece ser contada.
Fuentes documentales
- Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD), Fondo Madrid, Caja 1525, Orden 3.
- Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD), Fondo Madrid, Legajo 2635.
- Procedimiento sumarísimo de urgencia núm. 32860, Juzgado Militar Eventual núm. 6 de Madrid (1943-1945).
- Ayuntamiento de Casas de Garcimolina, Archivo Municipal, legajo 1939-1940:
- Acta de la Comisión para la adquisición de la nueva imagen de San Juan Bautista, 22 de mayo de 1939.
- Relación de vecinos que han contribuido para la adquisición de la nueva imagen de San Juan Bautista, 18 de junio de 1939.
- Relación de los Vecinos, que no han dado para adquirir un San Juan (considerados Rojos), 18 de junio de 1939.
- Agradecimiento del Ayuntamiento a Mariano Muñoz Montesinos y María Ferrer, 15 de septiembre de 1939.
- Causa General, Archivo Municipal de Casas de Garcimolina, 7 de junio de 1939.
- Expediente de depuración de Enrique Trillo López, AGA 12644/978.
- Expediente de depuración de Lorenza Jiménez Millán, Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona.
Bibliografía
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- Moreno Seco, Mónica. «La represión franquista en la provincia de Alicante: las mujeres encarceladas». Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Historia Contemporánea, t. 13, 2000, pp. 253-278.
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- Vinyes, Ricard; Armengou, Montse; Belis, Ricard. Los niños perdidos del franquismo. Barcelona: Plaza & Janés, 2002.
- Yusta, Mercedes. *Guerrilla y resistencia campesina: la oposición armada al franquismo en Aragón (1939-1952) *. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003.
Nota sobre la autoría:
El presente artículo se inscribe en el marco de los trabajos de recuperación de la memoria histórica impulsados por la Revista de Memoria Histórica de Garcimolina y el proyecto Víctimas de la dictadura, que desde 2015 vienen documentando las experiencias represivas en la Serranía Baja de Cuenca. Agradecemos especialmente a los familiares de las personas mencionadas, su generosidad al compartir los testimonios que han hecho posible esta investigación, así como al equipo del Archivo General e Histórico de Defensa por las facilidades para la consulta de los fondos documentales.
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