Saturnino Montesinos Sáiz
Concejal, vocal de la Junta Calificadora y superviviente de la represión franquista
La recuperación de la memoria histórica de Casas de Garcimolina implica recomponer las vidas truncadas o marcadas por la guerra civil y la posterior dictadura. Una de esas figuras, representativa de los cargos públicos intermedios que sufrieron la persecución sistemática del franquismo, es Saturnino Montesinos Sáiz (CU-3527), labrador, concejal y vocal de la Junta Calificadora durante el periodo republicano.
Perfil biográfico
Saturnino Montesinos Sáiz nació en Casas de Garcimolina en 1903. De profesión labrador, estaba casado y era vecino de la localidad. Antes y durante la guerra civil, se afilió a la Unión General de Trabajadores (UGT), organización mayoritaria en el pueblo. Su compromiso político le llevó a ocupar dos cargos de responsabilidad municipal.
- Concejal del ayuntamiento durante la corporación republicana (desde julio de 1936 hasta marzo de 1939).
- Vocal de la Junta Calificadora, un organismo local encargado de evaluar la conducta política de los vecinos y determinar su grado de «auxilio a la rebelión» (según la terminología franquista) o su lealtad a la República. Este puesto, de gran visibilidad y poder en tiempos de guerra, lo convertía en un blanco preferente para la represión posterior.
Su versión de los hechos durante la «dominación roja»
Tras la ocupación franquista, Saturnino se detuvo e incluyó en el Procedimiento sumarísimo de urgencia núm. 33045 (también registrado como sumario 1844, AGHD, Fondo Madrid, Legajo 5406). Su declaración indagatoria, tomada el 21 de abril de 1939 ante el juez instructor, aporta detalles clave sobre su actuación durante la guerra.
Sobre la destrucción de la iglesia
Saturnino reconoció su pertenencia a la UGT y su cargo de concejal. Al ser preguntado por la quema de los santos y los objetos de culto, declaró que, al correr el rumor de que en los pueblos vecinos se estaban incendiando los templos, los concejales Anastasio Sánchez Martínez y Jesús Marín Sánchez —en ausencia del alcalde— convocaron al pueblo y propusieron la destrucción de altares, retablos y esculturas para evitar una intervención externa más violenta (como la de la llamada «columna del Rosal»). Según su testimonio, él no participó directamente en la quema, aunque sí estuvo presente en la reunión. Los santos se transportaron en un carro de Juan Pérez (el moreno) al paraje de La Tejería, donde se incineraron.
Añadió que la alfombra del altar mayor fue recogida por él mismo y guardada en un cajón de la sacristía, de donde posteriormente desapareció sin que pudiera precisar su paradero.
Sobre requisas e incautaciones
Saturnino señaló a Vicente Valero Cano, presidente de la colectividad CNT, como el principal responsable de la incautación de la madera de la Dehesa Boyal (propiedad municipal, adjudicada en subasta pública a un vecino de Utiel). También enumeró a varios propietarios forasteros afectados por la colectivización, entre ellos Rogelia (viuda), Saturnino Pérez Jiménez, Vicente Huertas Hernández, Virgilio Martínez Jiménez, Victoriano Jiménez Martínez, Julián Pérez Jiménez, Guillerma Gea, Claudio Montesinos, Sebastián Alba Muñoz y Andrea Jiménez Montesinos (esta última de Negrón, Valencia).
Proceso represivo y prisión
Finalizada la guerra, Saturnino Montesinos Sáiz se detuvo e ingresó en prisión (referencia CU-3527 en la base de datos de víctimas de la dictadura). Su causa se instruyó dentro del sumario colectivo que afectó a 21 vecinos de Garcimolina y Algarra, acusados de «adhesión a la rebelión» por su participación en la administración republicana.
A pesar de figurar en la lista de sospechosos remitida por el alcalde franquista al fiscal instructor el 7 de junio de 1939, Saturnino obtuvo un informe favorable de las nuevas autoridades locales (folio 78 del sumario). El documento, firmado por el alcalde Carmelo Pérez, el jefe de milicias Crescencio Montesinos, el jefe de Falange Raimundo Montesinos y el secretario Luis Novella, lo calificó como «persona de buenos antecedentes y buena conducta», añadiendo que los actos en los que pudo intervenir «han sido por los demás elementos que lo han arrastrado».
Este respaldo, junto con la ausencia de pruebas de participación directa en hechos violentos, determinó la resolución judicial.
El sobreseimiento provisional (1943)
El 27 de noviembre de 1943, el Auditor General emitió un dictamen (recogido en el folio 115 del sumario) en el que señalaba que no existían «méritos bastantes para tener por justificada la perpetración de delito» y ordenaba el sobreseimiento provisional de la causa contra Saturnino Montesinos Sáiz.
Aunque evitó una condena firme, el sobreseimiento provisional no era una absolución plena: mantenía la amenaza latente de una reapertura del caso y dejaba en el expediente una mancha que lo acompañaría para siempre. Saturnino pudo regresar a su domicilio —su paradero figura como «en su domicilio» en los listados de 1939—, pero su vida pública quedó truncada, como la de tantos republicanos que no se fusilaron, pero sí marginados.
Significado histórico
El caso de Saturnino Montesinos Sáiz ilustra varias dimensiones de la represión franquista en el ámbito rural.
- Persecución de cargos intermedios: No solo los líderes máximos sufrieron la represión; los concejales y vocales de juntas locales también se procesaron sistemáticamente, aunque muchos acabaran sobreseídos.
- La vulnerabilidad de los vocales de la Junta Calificadora: Estos organismos, creados durante la guerra para evaluar la lealtad al bando republicano, fueron especialmente perseguidos por el franquismo, que los consideraba «tribunales rojos».
- El valor relativo de los informes locales: Las nuevas autoridades, en muchos casos vecinos y a veces familiares de los encausados, podían modular la dureza de la represión mediante informes favorables, lo que no siempre impedía la apertura de causa, pero sí influía en la sentencia final.
- El sobreseimiento como forma de control: Aunque Saturnino evitó la cárcel, el proceso en sí mismo constituyó un castigo ejemplarizante y una advertencia para el resto del pueblo: ningún cargo republicano quedaría impune, incluso si no había cometido delitos sangrientos.
Fuentes documentales
- Archivo General e Histórico de la Defensa (AGHD). Fondo Madrid. Procedimiento sumarísimo de urgencia núm. 33045 (sumario 1844), Legajo 5406. Años 1939-1945.
- Base de datos Víctimas de la dictadura: referencia CU-3527 (Saturnino Montesinos Sáiz). Investigador: Sergio Nieves Chaves (SEFT).
- Archivo Municipal de Casas de Garcimolina (Cuenca). Oficio del alcalde nacional Raimundo Montesinos al fiscal instructor de la Causa General. 7 de junio de 1939. Registro 135-137.
- Declaración indagatoria de Saturnino Montesinos Sáiz (folio 75 del sumario).
- Informe de autoridades locales (folio 78).
- Dictamen del Auditor General, 27 de noviembre de 1943 (folio 115).
Para la elaboración de este artículo se han tenido en cuenta los estudios de Cervera Gil, J. (2006), Hernández de Miguel, C. (2015), Preston, P. (2011) y Rodrigo, J. (2008) sobre la represión franquista en el ámbito rural y la depuración del personal municipal.
Nota aclaratoria
Este artículo forma parte del trabajo de recuperación de la memoria histórica impulsado por: garcimolina.net. La investigación se ha basado en fuentes documentales primarias (archivos militares, actas municipales, procedimientos sumarísimos) y en los testimonios recogidos en la tradición oral de la comarca. No obstante, somos conscientes de que la información aquí volcada puede ser incompleta o mejorable.
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Artículo elaborado para la sección Memoria Histórica de garcimolina.net, con el objetivo de contribuir a la recuperación de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo en nuestro pueblo.